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¿Aprueba la siguiente proposición de ley de modificación de la Ley de Cargos y Empleos?

Se vota la aprobación del presente texto:

[b]LEY DE CARGOS Y EMPLEOS[/b]

[b]Título Preliminar. Del Objeto de la Presente Ley[/b]

Artículo 1.
La presente Ley tiene como objeto y principal aspiración dotar de regulación el esquema de cargos y empleos públicos del Estado de Aurora, regulando sus características y funciones, así como regular de forma más genérica los cargos y empleos privados. En el marco del esquema de cargos y empleos públicos se establecen también las incompatibilidades


[b]Título I. De los Cargos Públicos[/b]

Artículo 2.
Es considerado Cargo Público aquel que integra un Poder del Estado, aquel que es elegido mediante referéndum, o aquel que tiene mención específica como tal en la presente ley.

Artículo 3.
Se explicitan como Cargos Públicos los siguientes:
- Presidente del Gobierno
- Presidente Saliente
- Vicepresidente del Gobierno
- Secretario de Estado
- Presidente del Congreso
- Diputado
- Juez Supremo
- Juez de Paz
- Presidente del Banco de Aurora
- Fiscal General.

Artículo 4.
La retirada de Cargos Públicos se efectuará en los siguientes supuestos:
a) Ausencia injustificada, por un período igual o superior a cinco días desde su última conexión.
b) Ausencia justificada previamente ante su inmediato superior, ante el Presidente o ante la autoridad competente, por un período igual o superior a la semana.
c) Incumplimiento de sus funciones, pasando la semana del plazo establecido en las Leyes.
d) En cumplimiento de una sentencia de inhabilitación.
e) Cualquier otra situación prevista por la Ley.

Artículo 5.
La retirada de Cargos Públicos en los casos que procediere será llevada a cabo por el Gobierno de Aurora o, en su defecto, por el inmediato superior al Cargo Público que vaya a ser retirado.

Artículo 6.
Se considerará incumplimiento de las funciones de un Cargo Público:
a) Que el Presidente del Congreso no pasare a votación una determinada propuesta de Ley cuando llegare el momento.
b) Que un Juez no tramitare una determinada denuncia, demanda o recurso, cuando fuere ésta presentada.
c) Que el Fiscal General no interviniere en los procesos en los que estuviere por Ley obligado a intervenir en el Juzgado.
d) Que el Presidente del Banco de Aurora, cuando correspondiere, no publicare la masa monetaria.
e) Que el Presidente de Aurora, o en su defecto el miembro del Gobierno que correspondiere, cuando fuere el momento, no creare el referéndum de ratificación del Poder Judicial.
f) Que aquél Cargo Público que por Ley se hallare compelido a hacer algo, llegado el momento, no lo realizare.
g) Aquellas otras circunstancias y situaciones previstas por la Ley.


[b]Título II. De los Empleos Públicos[/b]

Artículo 7.
Es considerado empleo público aquel que depende de la Administración Pública, integrada por el Cuerpo Docente, el Cuerpo de Policía, el Cuerpo de Funcionarios y el Encuestador General. Cada uno de estos organismos estará regulado por una ley específica.

Artículo 8.
Según su organigrama común, los empleos públicos se dividen en los de Primer (1er) Orden, designados por y supeditados al Gobierno, y los de Segundo (2º) Orden, supeditados al empleo de 1er Orden correspondiente.

Artículo 9.
Cada uno de los organismos de la Administración Pública estará compuesto siempre por un (1) empleado público de 1er Orden y hasta 2 empleados públicos de 2º Orden, salvo en los siguientes casos excepcionales:
a) Contratación temporal de empleados públicos para sustituir una ausencia justificada, con carácter de auxiliaridad o en base a una excedencia.
b) Contratación de empleados públicos con carácter de urgencia justificada o con carácter de necesidad debido a grandes cargas de trabajo.
c) En el Cuerpo de Funcionarios, cuyo número de integrantes se especifica en el Código Administrativo.
Corresponde al Gobierno de Aurora, como dirigente de la Administración pública, decidir el número de empleados de segundo orden y sancionar la contratación excepcional de trabajadores. Los trabajadores de Primer Orden podrán solicitar oficialmente ante el Gobierno que se amplíe el número de empleados, debiendo este responder pero no obligatoriamente acceder a sus peticiones.

Artículo 10.
El acceso a los Empleos Públicos se efectuará mediante oposiciones o concurso-oposición, convocados por el Gobierno de Aurora en el caso de los empleados de 1er Orden y por el empleado de 1er Orden correspondiente en el caso de los empleados de 2º Orden.

Artículo 11.
Las oposiciones valorarán como mínimo la calificación de los aspirantes a empleados públicos en el examen al empleo correspondiente, pudiendo valorar asimismo calificaciones de otros exámenes asociados al empleo al cual se oposita. La autoridad contratante podrá valorar, también, si hacer una prueba específica para la oposición, que deberá diseñar el Cuerpo Docente o, en su defecto, un miembro del Gobierno. Las oposiciones deberán cumplir:
a) La Parte A, que incluye el examen al empleo correspondiente, valdrá como mínimo el 50% de la oposición, a excepción de que exista Parte C, en cuyo caso valdrá el 30% de la oposición.
b) La Parte B, que incluye los exámenes asociados al empleo, valdrá como máximo el 40% de la oposición si sólo se valora otro examen. Podrá llegar a valer como máximo el 50% siempre y cuando se valoren dos o más exámenes.
c) La Parte C, que incluye la prueba específica, valdrá en caso de existir un 30% de la oposición.
Las autoridades convocantes podrán establecer criterios mínimos dentro de lo anterior para presentarse a la oposición. En los hilos de convocatoria de la oposición se deberá especificar las obligaciones del empleo al que se oposita, o en su defecto la Ley en la que rige el empleo.

Artículo 12.
Los concursos-oposiciones valorarán como mínimo la calificación de los aspirantes a empleados públicos en el examen al empleo correspondiente y la experiencia en dicho empleo que el aspirante posee, pudiendo valorar asimismo calificaciones de otros exámenes asociados al empleo al cual se oposita y experiencias en dichos empleos. La autoridad contratante podrá valorar, también, si hacer una prueba específica para la oposición, que deberá diseñar el Cuerpo Docente o, en su defecto, un miembro del Gobierno. Las oposiciones deberán cumplir:
a) La Parte A, que incluye el examen al empleo correspondiente y la experiencia asociada, valdrá como mínimo el 50% de la oposición, a excepción de que exista Parte C, en cuyo caso valdrá el 30% de la oposición. Dentro de esta parte el examen deberá valer como mínimo la mitad de la puntuación.
b) La Parte B, que incluye los exámenes asociados al empleo, así como la experiencia en estos empleos, valdrá como máximo el 40% de la oposición si sólo se valora otro examen, independientemente de la experiencia. Podrá llegar a valer como máximo el 50% siempre y cuando se valoren dos o más exámenes. Dentro de esta parte los exámenes en su conjunto puede llegar a valer como mínimo la mitad de la puntuación.
c) La Parte C, que incluye la prueba específica, valdrá en caso de existir un 30% de la oposición.
Las autoridades convocantes podrán establecer criterios mínimos dentro de lo anterior para presentarse a la oposición. En los hilos de convocatoria de la oposición se deberá especificar las obligaciones del empleo al que se oposita, o en su defecto la Ley en la que rige el empleo.

Artículo 13.
Los empleados públicos sólo podrán ser despedidos sin previo aviso en los siguientes casos:
a) Ausencia injustificada por un periodo igual o superior a tres días.
b) Incumplimiento de sus funciones.
c) Extralimitación de sus funciones.
d) Cualquier otra situación prevista por la Ley.

Artículo 14.
Se consideran incumplimiento de funciones las siguientes actitudes:
a) Que un miembro activo del Cuerpo de Policía, estando presente, no efectúe los arrestos correspondientes cuando se dé alguna de las circunstancias que lo exigen en la Ley de Policía.
b) Que un miembro activo del Cuerpo Docente no elabore preguntas ni revise exámenes, salvo cuando todos los exámenes estén completos y actualizados.
c) Que un miembro activo del Cuerpo de Funcionarios no realice satisfactoriamente alguna de las funciones para las que fue contratado.

Artículo 15.
Se consideran extralimitación de funciones las siguientes actitudes:
a) Que un miembro del Cuerpo de Policía efectúe un arresto que no esté avalado por ninguna norma, no considerándose extralimitación si se tratara de un error subsanable de interpretación de alguna de las circunstancias que exigen arresto.
b) Que un miembro del Cuerpo Docente revele las respuestas de un examen parcial o totalmente.
c) Que un miembro del Cuerpo de Funcionarios lleve acciones que vayan más allá de las que hayan sido encomendadas.

Artículo 16.
La designación o despido de un empleado público de 1er Orden será llevado a cabo por el Gobierno de Aurora, y la designación o despido de un empleado público de 2º Orden será llevado a cabo por su empleado público de 1er Orden.

Artículo 17.
Los empleados públicos deben comunicar a su superior directo toda ausencia igual o superior a 72 horas. El superior directo podrá, si lo considera oportuno, nombrar a un sustituto temporal que tendrá los mismos derechos y obligaciones que el titular de la plaza.


[b]Título III. De las Excedencias[/b]

Artículo 18.
La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser solicitado dentro de la semana siguiente al cese en el cargo público. Si no se solicitase, se perdería cualquier derecho que el trabajador tuviere con respecto al trabajo que ocupaba.

Artículo 19.
1. El trabajador con al menos un mes de antigüedad en su puesto en la empresa o ente público, empleador en definitiva, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a una semana y no mayor a cinco semanas, sea cual sea la causa. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si ha transcurrido un mes desde el final de la anterior excedencia.
2. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa o ente público los trabajadores que ejerzan funciones sindicales mientras dure el ejercicio de su cargo representativo.

Artículo 20.
1. El trabajador excedente posee el derecho al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa o ente público.
2. La excedencia se solicitará en un hilo abierto a tal propósito por el trabajador que la solicitare en el subforo correspondiente a su actividad laboral, o en su defecto el subforo General.
3. Durante la excedencia el trabajador no percibirá remuneración alguna ni poseerá los privilegios que su empleo pudiere tener asociados.


[b]Título IV. De las Incompatibilidades[/b]

Artículo 21.
Las incompatibilidades en el Estado de Aurora se rigen por los siguientes criterios:
a) Son incompatibles entre sí todos los cargos públicos, salvo en las excepciones expresamente mencionadas por la Constitución.
b) Son incompatibles entre sí todos los empleos públicos distintos pertenecientes a un mismo Cuerpo.
c) Los empleos privados son compatibles entre sí y con todos los demás cargos y empleos públicos, salvo en el caso de los propietarios de entidades bancarias, condición que será incompatible con el cargo de Presidente del Banco de Aurora.
d) Los cargos de carácter privado son perfectamente compatibles con todos los demás cargos y empleos.


[b]Título V. De los Empleos Privados[/b]

Artículo 22.
Es considerado empleo privado aquel que se otorga por la concesión de una licencia por parte del Gobierno. Dicha licencia, asociada a la realización de una actividad privada, se subordina a lo dispuesto por el Gobierno de Aurora en ejercicio de su prerrogativa constitucional de regulación de la economía.


[b]Título VI. De los Cargos Privados[/b]

Artículo 23.
Es considerado cargo de carácter privado aquel establecido en el panel de cargos por el Presidente del Gobierno, que no es remunerado por el Estado y que ha sido solicitado y está relacionado con el objeto empresarial de una empresa registrada en el Registro Mercantil.

Artículo 24.
La regulación de los cargos de carácter privado compete exclusivamente al Gobierno, en virtud de su prerrogativa de regulación de la economía.

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